Piden juicio político a jueza que liberó a ladrón que luego mató
El pedido, realizado por legisladores provinciales del oficialismo, es contra la jueza Mirta Ravera Godoy. Le había otorgado la libertad condicional a un hombre que luego asesinó a una mujer.
Legisladores bonaerenses del oficialismo elevaron un pedido de juicio político contra la juezaMirta Ravera Godoy, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de San Isidro, después de que una vecina de Vicente López fuera asesinada por un delincuente a quien la magistrada le había otorgado la libertad condicional.
Los diputados bonaerenses Guido Lorenzino, Iván Budassi, Martín Cosentino y Rodolfo Iriart, junto al senador provincial Alberto De Fazio, presentaron el pedido de juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.
Al mismo tiempo, solicitaron que se investigue si el comportamiento de la magistrada puede ser encuadrado dentro de la causal de remoción de jueces calificada legalmente como "incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones", tal como lo señala el inciso D del artículo 21 de la Ley 13.661.
En su presentación, los legisladores mencionaron un sangriento episodio delictivo ocurrido en la noche del viernes pasado en Vicente López, donde Graciela García, de 47 años y hermana de un fiscal, cuando llegó a la casa de sus padres fue abordada por dos sujetos y asesinada de un disparo en la cara por uno de los delincuentes, quienes se escaparon sin llegar a robar nada.
Luego, mediante el relato de testigos y la revisión de imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, se pudo determinar que quien le disparó a García fue Federico Dorado, de 20 años, a quien la jueza Ravera Godoy le había concedido la libertad condicional en mayo, contraviniendo -supuestamente- un informe negativo del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Las autoridades penitenciarias habían consignado una evidente falta de interés del detenido en integrarse al sistema educativo, y su mala conducta general durante su detención, que llevaron incluso a la aplicación de nueve sanciones disciplinarias, según resaltaron los legisladores.
Dorado estaba detenido y condenado por portación ilegítima de armas de fuego, abuso de armas y privación ilegítima de la libertad.
Los legisladores expresaron que debe investigarse "en profundidad" la labor de la funcionaria judicial interviniente, dado que si ese menor no hubiera sido liberado, tal como lo aconsejó fundadamente el Servicio Penitenciario, "hoy no estaríamos lamentando la muerte de esta vecina de Vicente López", resaltaron.
Los diputados bonaerenses Guido Lorenzino, Iván Budassi, Martín Cosentino y Rodolfo Iriart, junto al senador provincial Alberto De Fazio, presentaron el pedido de juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.
Al mismo tiempo, solicitaron que se investigue si el comportamiento de la magistrada puede ser encuadrado dentro de la causal de remoción de jueces calificada legalmente como "incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones", tal como lo señala el inciso D del artículo 21 de la Ley 13.661.
En su presentación, los legisladores mencionaron un sangriento episodio delictivo ocurrido en la noche del viernes pasado en Vicente López, donde Graciela García, de 47 años y hermana de un fiscal, cuando llegó a la casa de sus padres fue abordada por dos sujetos y asesinada de un disparo en la cara por uno de los delincuentes, quienes se escaparon sin llegar a robar nada.
Luego, mediante el relato de testigos y la revisión de imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, se pudo determinar que quien le disparó a García fue Federico Dorado, de 20 años, a quien la jueza Ravera Godoy le había concedido la libertad condicional en mayo, contraviniendo -supuestamente- un informe negativo del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Las autoridades penitenciarias habían consignado una evidente falta de interés del detenido en integrarse al sistema educativo, y su mala conducta general durante su detención, que llevaron incluso a la aplicación de nueve sanciones disciplinarias, según resaltaron los legisladores.
Dorado estaba detenido y condenado por portación ilegítima de armas de fuego, abuso de armas y privación ilegítima de la libertad.
Los legisladores expresaron que debe investigarse "en profundidad" la labor de la funcionaria judicial interviniente, dado que si ese menor no hubiera sido liberado, tal como lo aconsejó fundadamente el Servicio Penitenciario, "hoy no estaríamos lamentando la muerte de esta vecina de Vicente López", resaltaron.
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